Una costumbre férreamente instalada entre nosotros desde tiempo inmemorial establece que cada periodo político bautiza las calles de pueblos y ciudades con nombres extraídos del panorama personal inmediato, lo que significa, de manera obvia, que ese repertorio cambia y se actualiza cada equis años. El régimen franquista fue rotundo y severo, no dejando en el callejero nacional ni una sola alusión a quienes habían sido protagonistas y gestores de aquellos ocho años de la vida española que le precedieron bajo la fórmula republicana. Previamente, la República había eliminado cualquier referencia a reyes y príncipes, incluida la propia monarquía, suprimiendo del nombre de lugares aquellas menciones a “del rey” que tanto abundan en la nomenclatura. Pero no hay que ser puntilloso en estas cuestiones, pensando que tales cosas solo suceden en los cambios de régimen. El predominante en España, durante siglos, ha sido la monarquía y, sin embargo, poquísimos reyes están representados en las placas urbanas. Por lo que se refiere a Cuenca, prácticamente no hay ninguna mención a nombres tan ilustres como Alfonso X, Carlos I, Felipe II o Carlos III, menos aún a felones del calibre de Fernando VII o Isabel II. Apenas si los Reyes Católicos, juntos o separados, merecen alguna indicación. En cambio pueden surgir sorpresas en buena forma incomprensibles, como es la presencia de Amadeo de Saboya en una calle de Minglanilla, cosa verdaderamente desconcertante.
Esa norma consuetudinaria de sustituir los nombres vigentes en un periodo por los del siguiente ha tenido una llamativa excepción en tiempos recientes. Por razones difíciles de entender, un elevado número de pueblos (en torno a 40 o 50, calculo) se han mostrado especialmente resistentes a suprimir las alusiones al Generalísimo o Caudillo, manteniéndolas contra viento y marea, incluso desafiando a las leyes establecidas en cauce parlamentario, sin que ninguna autoridad haya hecho esfuerzos por intentar hacerlas cumplir (lo que, de paso, explica otros muchos incumplimientos igualmente legales). Probablemente, más que afición hacia la figura del desaparecido jefe del Estado, lo que hay en estos casos es una demostración de abierta antipatía personal hacia quien le sucedió pensando -imagino- quienes así actúan que el rey Juan Carlos, heredero personal de Franco, actuó de manera aviesa al incumplir su promesa de respetar el legado del invicto general y por eso -sigo imaginando- no merecía que su real nombre estuviera en una placa urbana y menos aún sustituyendo a su antecesor.
Si esa interpretación mía es correcta, ahora llega la hora de comprobarlo. Hay un nuevo rey al que, inicialmente al menos, no se le tiene especial prevención. Es un buen momento, por ello, para que esos 40 o 50 alcaldes pertinaces consideren llegada la hora no solo de cumplir la ley sino también la costumbre nacional mantenida activa durante siglos y si hasta ahora no han encontrado la oportunidad, aquí la tienen, servida en bandeja, bautizando con el título de Rey Felipe VI tantas plazas y calles como aún lucen el esperpéntico título de Generalísimo o Caudillo. A no ser que entre ellos haya un concurso para ver quién es el último que se baja del burro, cosa que también es posible.
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