En un pleno
extraordinario celebrado el 27 de diciembre, el Ayuntamiento de Cuenca acordó pedir
autorización al Juzgado de lo contencioso-administrativo para poder intervenir
en la catedral y retirar los símbolos franquistas que hay en la fachada para
cumplir con la Ley de Memoria Histórica. En el caso de obtener dicha
autorización, el Consistorio será quien lleve a cabo dicha actuación y
revertirá su coste al obispado. Así se acordó con los votos a favor de PP,
PSOE y Ciudadanos y la abstención de los concejales de Izquierda Unida, que
pretendían pasar directamente a los hechos, sin necesidad de apelar a la
intervención de la justicia.
Asistimos
así a un acto más de esta historia esperpéntica cuyo desenlace está claro cual
será, al final de todo, pues así lo ordenan la ley y el sentido común, pero
mientras se llega a ese punto, aún tendremos ocasión de asistir a algún nuevo
episodio.
Sorprende
(a mí me sorprende) de manera extraordinaria, la resistencia, primero pasiva y
ahora activa, del obispado de Cuenca, para que se elimine de la fachada lateral
de la catedral, junto a la puerta de entrada al palacio episcopal, de la
leyenda José Antonio Primo de Rivera y los símbolos falangistas que hay junto a
ella. De esa manera, quedaría limpia de polvo y paja la cruz, que es de lo que
se trata y que es, además, el único símbolo religioso que debería importar a la
Iglesia de Cuenca, sin más aditamentos, leyendas ni escudos.
Sorprende
todavía más el caso si advertimos que el obispado de Cuenca es un ente pacífico,
respetuoso con las leyes y las costumbres y poco adicto a los escándalos, de
manera que tampoco se puede entender mucho este empecinamiento en mantener lo que
ya no se puede mantener más tiempo.
Hubo épocas,
ya no tan recientes, en que el obispado estaba alineado con las ideas más retrógradas
y reaccionarias de la política española, pero eso ya pasó y no conozco ahora a
nadie que esté dispuesto a mantener en voz alta aquellas cuestiones del pasado.
Durante los
cuatro años de gestión socialista del Ayuntamiento de Cuenca, con mayoría
absoluta, no se movió ni un solo dedo (salvo una tímida y etérea declaración)
para que se cumpliera le ley. Ahora, en que esa mayoría es del PP, con el apoyo
de las demás fuerzas políticas del consistorio municipal sí se ha tomado en
serio la cuestión pero ante los requerimiento pronunciados, el obispado (con su
titular al frente) hacen oídos sordos y están dispuestos a mantener no se sabe
hasta cuándo esta absurda postura numantina.
Pero quizá
lo más sorprendente de todo es la inhibición en este tema de la autoridad
realmente competente y responsable de hacer que en una provincia o una ciudad
se cumplen las leyes del Estado y ese señor no es ni más ni menos que el
subdelegado del Gobierno, que hasta ahora se ha ido de rositas en todo este
asunto, aplicando el conocido dicho de no está, no sabe, no contesta.
Y ya, para
rematar la faena -y el comentario- no está de más recordar que en la provincia
hay todavía en pie entre 30 y 40 monumentos semejantes al de la catedral de
Cuenca y no hay noticias de que ni los Ayuntamientos respectivos ni, insisto,
el subdelegado del gobierno haga lo que tiene que hacer, o sea, cumplir con su
obligación y hacer que se cumplan las leyes hasta en el último rincón del país
y no solo en Cataluña, que es donde parece que estos representantes
gubernamentales actúan con notable diligencia para intervenir cada vez que
alguna autoridad autonómica da un paso que a ellos no les gusta.
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