Hay una
fórmula antigua, que se usaba en tiempos pasados, cuando alguna institución pública
otorgaba concesiones para explotar un servicio. Entonces se decía que la
concesión en cuestión se hacía “a riesgo y ventura” del adjudicatario que, de
esa forma, asumía los resultados de lo que iba a gestionar. Si las cosas le
iban bien y ganaba dinero, mejor para él; si le iban mal y lo perdía, allá
también él: se quedaba sin negocio.
De esa
realidad se han olvidado los modernos responsables de la cosa pública, porque cuando
se produce un suceso como el de la quiebra de las autopistas de peaje se da por
hecho y se asume, sin ningún problema ni discusión, que el Estado (o sea,
nosotros, todos nosotros) tiene que rescatar con dinero público a los
concesionarios que, cuando las consiguieron, se las prometían muy felices,
convencidos de ganar dinero a espuertas pero, como en el cuento de la lechera, ser
ruinosas.
Ahora, tímidamente,
alguien apunta a la posibilidad de exigir responsabilidades, porque quienes
promovieron aquellas actuaciones tienen nombre y apellidos, empezando por los
políticos, pasado por los economistas que hicieron informes de viabilidad y
terminando por los técnicos que diseñaron el invento. No es cuestión de enviar
nadie a la cárcel (ya hay bastantes) aunque muchos más se lo merecen, pero por
curiosidad a mí me gustaría saber quien fue el imbécil o necio que vio como la
cosa más razonable del mundo hacer una autopista de peaje entre Ocaña y La
Roda, que pasa parcialmente por el sur de la provincia de Cuenca. Y que es,
como sabe todo el mundo, una de las autopistas que menos pasajeros ha conocido
durante su existencia, porque solo los despistados o mal informados cometieron
el error de meterse en ella. Ahora nos cuesta unos cuantos cientos de millones
de euros y todos tan tranquilos.
Qué país.
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